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Primer juicio por Plan Cóndor condena a 15 acusados por crímenes de Lesa Humanidad
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 (TOF1) de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, sentenció el pasado 27 de mayo a 14 ex militares argentinos y un uruguayo, por asociación ilícita con condenas que van de 8 a 25 años de prisión. Las sentencias corresponden a más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad cometidos hace más de 40 años, durante los regímenes dictatoriales del Cono Sur.
Recibieron la pena de 25 años el ex agente de la Secretaría de Inteligencia, Miguel Angel Furci, el jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, y el coronel uruguayo Cordero Piacentini, por su papel en el centro clandestino de detención, conocido como Automotores Orletti, centro de persecución a uruguayos en la Argentina, a cargo de represores de los dos países rioplatenses.
Los 42 aspectos resolutivos de la sentencia fueron recibidos con satisfacción en una sala colmada por familiares de las víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos.
El ex militar uruguayo fue sentenciado como “partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en once casos”, entre los que se encuentra el caso de la desaparecida María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman. Su nieta, Macarena Gelman, nacida en cautiverio en Montevideo después del traslado de su padre y madre embarazada en un vuelo ilegal tras ser secuestrados en Buenos Aires, fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya, y recuperó su identidad en el año 2000 a los 23 años. Macarena estuvo presente en el tribunal. En tanto, Reynaldo Bignone, último presidente de facto de Argentina, recibió la condena de 20 años de prisión, al igual que Rodolfo Feroglio, ex director de la Escuela de Caballería. “Se hizo justicia”, dijo emocionada Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, cuyo hijo desaparecido trabajaba en Télam.
El fallo unánime fue leído al cabo de tres años y dos meses de audiencias por el presidente de TOF 1, Oscar Ricardo Amirante, acompañado por sus colegas Adrián Federico Grünberg y Pablo Laufer. Además se anunció que el 9 de agosto próximo divulgará los fundamentos de la sentencia.
El Plan Cóndor fue articulado por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en una reunión realizada en 1975 en Chile, durante el régimen de Augusto Pinochet y permitió secuestrar opositores en cualquier país y trasladarlo ilegalmente a su país de origen.
En este juicio, de los 32 imputados iniciales por “asociación ilícita” y “privación ilegal de la libertad agravada por aplicación de tormentos” en un total de 105 casos, sólo 17 llegaron como acusados a la sentencia, de los cuales dos fueron absueltos. El resto fueron apartados por razones de salud o murieron sin llegar a conocer el veredicto de los jueces, como en el caso del dictador Jorge Rafael Videla.
Además de los ya mencionados Bignone, Riveros, Furci y Cordero Piacentini, el Tribunal condenó hoy a 20 años al ex director de la Escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y a 18 años de prisión al ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza.
También sentenció a 13 años de prisión al general retirado Eugenio Guañabens Perelló y al almirante retirado Antonio Vañek, entonces jefe de la Esma; a 12 años, a los oficiales retirados Luis Sadi Pepa, Nestor Horacio Falcon, Eduardo Samuel, Felipe Jorge Alespeit, mientras que aplicó ocho años al general retirado Federico Antonio Minicucci, en el momento de los hechos jefe del área militar 112.
Absueltos resultaron Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez, quienes cesaron en la prisión domiciliaria.
La causa por el Plan Cóndor continúa en Argentina, pues aún hay más de 380 hechos que se hallan en la etapa investigativa y deberán ir a juicio.
La Operación Cóndor fue una organización clandestina internacional que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a los regímenes dictatoriales ocurridos entre las décadas de 1970 y 1980 en Sudamérica. Se trató de una exitosa coordinación regional que implicó la puesta en funcionamiento de una compleja infraestructura clandestina para el intercambio de informaciones, persecución, ejecución y desaparición de personas, cometiendo crímenes de lesa humanidad desde el terrorismo de Estado. La gran mayoría de las víctimas directas fueron dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales.
Fuentes: Noticias de América Latina (NODAL), Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur
