Gobiernos locales, organizaciones y movimientos populares, unidos por el Derecho a la Ciudad en México

El pasado 22 de abril en Ciudad de México, en ocasión del cierre del “Seminario Internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad”, se dio a conocer una declaración emitida por organizaciones regionales y mundiales de gobiernos locales, como Ciudades y Gobiernos Unidos, Mercociudades y el Foro de Autoridades Locales de la Periferia, y representantes de la sociedad civil y movimientos populares. En ella se enfatiza en torno a la importancia de ciudades "para todas y todos, basadas en la justicia social y espacial, libres de fronteras visibles e invisibles, donde se garantiza el buen vivir colectivo".

“En el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Esto significa que en los próximos 30 años, más de 2 mil millones de habitantes acudirán a las ciudades, especialmente a las mayores metrópolis del mundo. En un mundo en el que el 1% de la población mundial retiene el 50% de las riquezas, las áreas urbanas concentrarán tensiones y desigualdades insostenibles.

En este contexto, los gobiernos locales junto con sus habitantes, abogan de forma urgente por el derecho a la ciudad como un enfoque necesario para construir este mundo urbano de forma incluyente, justa, solidaria, democrática y sostenible.

En la continuidad del Primer encuentro Mundial de Ciudades por el Derecho a la Ciudad, celebrado en Saint Denis en 2012 e inspirados por la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010), la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint-Denis, 2000), las cartas de Montreal (2006), de Viena (2012), los principios de Gwangju de Ciudades por los Derechos Humanos (2012) y por la Carta Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad de CGLU (2011), los gobiernos locales juntos con sus ciudadanos, y en la diversidad de sus situaciones, reafirman su rol como actores esenciales para la garantía de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

El Derecho a la Ciudad es un derecho individual y colectivo de todos/as los/as habitantes, donde se considera el territorio de las ciudades y su entorno como espacios de ejercicio y cumplimiento de estos derechos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades.

Para ello, el derecho a la ciudad supone:
- Ciudades donde se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos para todas y todos los y las habitantes
- Ciudades democráticas, transparentes y participativas, basadas en el empoderamiento ciudadano
- Ciudades como bienes comunes de todos y todas los y las habitantes donde los derechos humanos priman sobre los procesos de privatización, de renta especulativa que conllevan la exclusión de las mayorías y donde se rescatan los centros históricos degradados evitando la gentrificación
- Ciudades sostenibles, que mantienen una relación equilibrada y respetuosa con el entorno rural que les rodea y con los recursos naturales
- Ciudades donde la economía mira por el bienestar de sus habitantes, basadas en un desarrollo económico local endógeno y sostenible, que se nutre de los recursos locales y no busca ante todo las inversiones del capital internacional
- Ciudades multi-culturales y acogedoras, que valoran la riqueza de las migraciones
- Ciudades donde el espacio público es de todos/as, y donde se reconoce la necesidad de estos espacios para la libertad de expresión, para los múltiples usos de la ciudad
- Ciudades donde se garantizan los derechos culturales por la inclusión social

En las grandes metrópolis estos principios tienen que aplicarse a través de la construcción de metrópolis policéntricas, construidas con las periferias, con equidad territorial y no de forma centralista.

Estamos convencidos de que los gobiernos locales, en el día a día, a través de sus políticas públicas y junto con sus habitantes podemos “contribuir a la construcción de ciudades incluyentes, habitables, justas, democráticas, sustentables y disfrutables; contribuir a impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable; contribuir a la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares.” (Carta por el derecho a la ciudad de la ciudad de México)

Queremos ciudades, para todas y todos, basadas en la justicia social y espacial, libres de fronteras visibles e invisibles, donde se garantiza el buen vivir colectivo.

Hoy en día, a un año y medio de la Cumbre Hábitat III de la ONU (Quito, 2016) donde los Estados del mundo se reunirán para definir la Nueva Agenda Urbana Mundial, queremos que se reconozca en esta agenda el derecho a la ciudad como una alternativa al discurso urbana predominante basada en el auge de grandes ciudades en competencia de unas con otras. La nueva Agenda del Hábitat deberá incluir metas, indicadores e instrumentos para la implementación del derecho a la ciudad a nivel mundial, regional y local.

Además instamos a ONU-Hábitat a que garantice una participación efectiva de los gobiernos locales y de sus asociaciones junto con la sociedad civil en la preparación, organización y realización de la Cumbre de Hábitat III. Llamamos a la convergencia de esfuerzos entre estados, gobiernos locales, sectores académicos, movimientos populares urbanos y ciudadanos, para lograr los objetivos propuestos en esta Declaración.

Por último, llamamos a una implicación amplia de las ciudades y de los miembros que comparten el compromiso por el derecho a la ciudad para hacer avanzar esta reflexión y este reconocimiento del derecho a la ciudad en el seno de CGLU, a través de nuestra herramienta común, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos”.

Ciudad de México, 22 de Abril de 2015

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